El Banco de España flexibiliza los criterios de clasificación de riesgo de Reestructuraciones y Refinanciaciones

La nueva Circular 3/2020, de 11de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, establece que debido a la situación de emergencia de salud pública creada por la propagación del COVID-19 es necesario que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito continúen prestando apoyo financiero a las empresas y a los hogares afectados negativamente por esta situación transitoria y excepcional y para ello establece que mediante la modificación que introduce, las operaciones crediticias reestructuradas, refinanciadas o de refinanciación no tendrán que clasificarse forzosamente como riesgo normal en vigilancia especial cuando no corresponda su clasificación como riesgo dudoso.

Más de una de cada cuadro solicitudes de préstamos con Aval ICO son rechazadas

El último barómetro de opinión publicado a finales de Abril por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, en el que se consulta a 2.014 compañías de toda España, muestra que casi la mitad de ellas ha solicitado financiación con aval del Estado. En un 27% de los casos, sin embargo, no se les ha concedido el préstamo o crédito solicitado y a un 13%  se le ha concedido por un importe inferior, mientras que a un 16% le han pedido que aporte garantías adicionales. El barómetro refleja también que, a causa del impacto económico del COVID-19, un 20% de las empresas consultadas no ha podido atender el pago de deudas con proveedores, bancos o hacienda, mientras que un 2% ha declarado el concurso de acreedores y un  3,5% ha cerrado definitivamente sus puertas, por falta de liquidez. Además, un 22% ha cesado su actividad de forma temporal y otro 29% la ha reducido. Para paliar el impacto de una posible extensión de los efectos de la crisis del coronavirus, las  empresas encuestadas proponen suspender temporalmente el pago de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social, que se habiliten ayudas directas, se extiendan los efectos de los ERTES hasta que finalice el Estado de Alarma y se establezcan mecanismos para que las grandes empresas y administraciones públicas dejen de retrasar el pago de sus deudas con proveedores. Los expertos sugieren que las empresas revisen sus previsiones de tesorería a medio plazo y, de ser necesario, consideren refinanciar su deuda, extendiendo el calendario de amortización de la misma,  para poder recomponer, entre tanto, su actividad, hasta recuperar los niveles de generación de caja previos a la crisis.