Con el objetivo de facilitar
el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el
Gobierno ha decidido que el Estado ponga a disposición de empresas y autónomos,
una línea de 100.000 millones de euros en avales, con el objetivo de garantizar,
a través del ICO, nuevas operaciones o renovaciones de préstamos o crédito, y otros formatos de financiación, concedidos
por entidades financieras a empresas y autónomos, para atender el pago
de salarios, facturas de proveedores, alquileres, suministros u otras necesidades
de circulante y liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de
obligaciones financieras o tributarias, si bien, no podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las
unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o
amortización anticipada de deudas anteriores.
Dicha línea queda regulada en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias y las aprobaciones por parte del Consejo de Ministros del 24 de marzo, -BOE 26 de marzo- y 10 de Abril, para acceder a los dos primeros tramos de dicha línea, por importe de 20.000 millones de euros cada uno.